Expertos de la ONU* en Derechos Humanos han pedido al Gobierno de Estados Unidos que suspenda la inminente ejecución de Roberto Ramos Moreno, un ciudadano mexicano.
La ejecución de Ramos Moreno está prevista para el 14 de noviembre en Texas. Fue condenado a la pena capital en 1993, tras ser encontrado culpable de asesinar con un martillo a su esposa y sus dos hijos menores de edad.
Los relatores creen que no recibió un juicio justo. El mexicano ha tenido una discapacidad psicosocial desde antes del crimen. En esas circunstancias, “los estándares internacionales de derechos humanos” prohíben el uso de la pena de muerte.
Según los expertos, las autoridades de Texas no avisaron al consulado mexicano a tiempo, por lo que a Ramos Moreno se le “negó una ayuda esencial en momentos cruciales de la investigación”. Además, no tuvo representación legal hasta tres meses después de su arresto, a pesar de que había pedido un abogado.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia sentenció que el Gobierno de Estados Unidos incumplió sus obligaciones bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y ordenó al Gobierno que no ejecutara a Ramos Moreno hasta que el caso no fuera reconsiderado.
“Cualquier condena de muerte que se lleve a cabo contraviniendo las obligaciones internacionales de un Gobierno equivale a una ejecución arbitraria”, dicen los relatores. “Pedimos que la condena de muerte sea anulada y que Ramos Moreno tenga un nuevo juicio que cumpla con el debido proceso y los estándares internacionales de un juicio justo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha pedido un nuevo juicio.
*Los expertos de la ONU Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Seong-Phil Hong, relator del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias.
Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información aquí .
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