«El abuso continuado por parte de Israel de su posición como Potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado», declaró la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024 sobre “las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental”.
La CIJ se declaró competente para dictaminar que las políticas y prácticas de Israel en estos territorios, definidos como «una única unidad territorial que comprende Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza», no se ajustan al derecho internacional.
Exige el «fin de la presencia de Israel» en los territorios ocupados
Esta ilegalidad obliga a Israel «a poner fin cuanto antes a su presencia en los Territorios Palestinos Ocupados, (…) y a reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas».El Tribunal considera que las modalidades para poner fin a la presencia de Israel en los territorios palestinos, con la «evacuación de todos los colonos», son competencia de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad.
Una opinión consultiva distinta del caso «Sudáfrica contra Israel
Este caso es distinto de la denuncia de Sudáfrica contra Israel por «genocidio en Gaza», presentada el 29 de diciembre de 2023, que es objeto de otro procedimiento. En este contexto, el 24 de mayo de 2024, la CIJ ordenó a Israel que suspendiera su operación militar en Rafah, orden que Israel no ha cumplido.
Esta opinión consultiva se emite después de que, en diciembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara una resolución solicitando el asesoramiento de la CIJ.
La CIJ, con sede en La Haya, es el principal órgano judicial de la ONU, y tiene competencia para resolver las controversias jurídicas que le sometan los Estados, así como para emitir opiniones consultivas.
Las dos cuestiones planteadas por la Asamblea General a la CIJ
La resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada a finales de 2022 por 87 Estados, con 53 abstenciones y 26 votos en contra, incluye dos preguntas concretas formuladas a la CIJ:
– ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la actual violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias conexas?
– ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) al estatuto jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de este estatuto para todos los Estados y las Naciones Unidas?.
Dos semanas de audiencias en febrero
Por primera vez en la historia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 53 Estados y tres organizaciones internacionales -la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe- presentaron comentarios por escrito y exposiciones orales de sus representantes en un caso.
Las audiencias se celebraron del 19 al 26 de febrero en La Haya. Muchos países, entre ellos Francia, Bélgica, Luxemburgo, España e Irlanda, consideraron competente a la CIJ y pidieron el fin de la política de asentamientos de Israel.
El Reino Unido, por el contrario, se hizo eco de muchos de los argumentos expuestos por escrito por Estados Unidos, Canadá, Fiyi, Hungría y Zambia, en el sentido de que debe respetarse el marco vigente del Consejo de Seguridad si se quiere avanzar hacia una solución negociada.
Londres fue más allá y pidió a la CIJ que no emitiera su dictamen, mientras que los Países Bajos recordaron que «la ocupación de un territorio puede ser legítima en el marco del derecho de legítima defensa, en respuesta a un ataque armado».
Israel impugna la competencia de la CIJ en esta materia
La solicitud de opinión consultiva tiene su origen en el informe, publicado en octubre de 2022, de una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por la juez sudafricana Navanethem Pillay. El informe concluyó que «existen motivos razonables para concluir que la ocupación israelí de territorio palestino es ahora ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del Gobierno israelí».
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí calificó el documento de «parcial y sesgado, descalificado por su odio al Estado de Israel».