El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por «genocidio» en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados.
Los días 11 y 12 de enero se celebrará en La Haya una audiencia pública para examinar las «medidas provisionales» solicitadas por Sudáfrica.
En realidad, la demanda va acompañada de una petición de medidas de emergencia que probablemente ordenen el cese de las hostilidades, motivadas por el atentado de Hamás del 7 de octubre, que causó 1.200 muertos en Israel y más de 5.000 heridos.
Pretoria pide a la CIJ que ordene a Israel dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso a la ayuda humanitaria.
La Convención sobre el Genocidio de 1948
Ante un balance de más de 22.100 muertos entre mediados de octubre y el 3 de enero, Pretoria invoca «sus derechos y obligaciones» para impedir el genocidio y «proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción». Estos derechos y obligaciones se ejercen en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La Convención establece que los Estados pueden emprender acciones legales para impedir que se cometa un delito de genocidio. Obliga a los Estados Partes en la Convención a adoptar medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio. Esta obligación, así como la prohibición del genocidio, se consideran normas de derecho internacional consuetudinario y, por tanto, son vinculantes para todos los Estados, estén o no entre los 153 países -incluido Israel- que han ratificado la Convención.
Las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica para poner fin a las hostilidades, si las adopta la CIJ, serán jurídicamente vinculantes.
Procedimiento separado del caso ya en curso
Este procedimiento es independiente de otro asunto relativo a Israel y Palestina, llevado ante la CIJ por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En efecto, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 30 de diciembre de 2022, antes de que estallara el conflicto actual, solicitó a la CIJ una opinión consultiva «sobre las consecuencias jurídicas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este». Este procedimiento será objeto de una audiencia pública el 19 de febrero de 2024, tras la recepción de los informes escritos de numerosos Estados.
Por definición, un dictamen consultivo no es jurídicamente vinculante. No obstante, señala el camino a seguir en derecho internacional y sienta un importante precedente.
Tensas relaciones entre Sudáfrica e Israel
Sudáfrica, que sufrió el régimen del apartheid de 1948 a 1991, tiene una larga historia de solidaridad con Palestina, así defiende también su derecho a la autodeterminación. La denuncia se produce en un contexto de tensas relaciones con Israel. El 17 de noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una remisión de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti para investigar la «situación en el Estado de Palestina».
El embajador israelí en Pretoria fue destituido el 20 de noviembre, antes de que la Asamblea Nacional de Sudáfrica aprobara, por 248 votos a favor y 91 en contra, una moción que recomendaba el cierre de la embajada israelí hasta que se alcanzara un alto el fuego.
El 21 de noviembre, Pretoria suspendió las relaciones diplomáticas con Tel Aviv y retiró a sus diplomáticos en protesta por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, que calificó de «actos de genocidio».
Israel representado por un juez experimentado en La Haya
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí reaccionó el 29 de diciembre a la denuncia de Sudáfrica ante la CIJ, declarando que «Israel rechaza con repugnancia la difamación». El portavoz del Ministerio, Eli Cohen, criticó a Sudáfrica por hacer un «uso barato del Tribunal Internacional de Justicia».
El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, declaró a la prensa que «el Estado de Israel es signatario de la Convención sobre el Genocidio desde hace décadas, y desde luego no boicotearemos los procedimientos. Responderemos y rechazaremos esta ridícula petición». La acusación infundada de que Israel no tiene derecho a defenderse es una vergüenza, y esperamos que todos los países civilizados apoyen nuestra postura».
Añadió que «la batalla legal podría prolongarse durante años, pero la prioridad inmediata de Israel es frustrar una orden provisional que podría forzar un alto el fuego en Gaza».
El nombramiento de Aharon Barak, antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Israel, para encabezar la delegación de juristas enviada por Israel a La Haya también está suscitando debate en Israel. Este experimentado jurista ha sido criticado por los aliados del Primer Ministro por oponerse a su reforma del sistema judicial de su país. Por parte sudafricana, la delegación estará encabezada por Dikgang Moseneke, magistrado que fue juez del Tribunal Constitucional y Presidente Adjunto del Tribunal Supremo de Sudáfrica.
Las consecuencias de una decisión de la CIJ
Las medidas provisionales de la CIJ no sólo son jurídicamente vinculantes, sino que también tienen una fuerte dimensión simbólica.
No obstante, es responsabilidad de los Estados aplicar las decisiones del Tribunal. Como la CIJ no dispone de medios coercitivos para hacer cumplir sus veredictos, sólo queda un mecanismo de ejecución si un país rechaza un veredicto: pedir al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución.
