Por Raquel Ayllón
A medida que van pasando los días y los países siguen en estado de alarma, son más las organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos las que reciben informes sobre violaciones de los mismos, bajo la apariencia de medidas extraordinarias o de emergencia tomadas para hacer frente a la pandemia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones para pedir a los estados que garanticen la protección de los derechos humanos. “Las medidas de emergencia deberían usarse para hacer frente de manera efectiva a la pandemia, nada más y nada menos”.
Así, Bachelet se pronunció para expresar que se encuentra alarmada por las medidas restrictivas impuestas por varios Estados contra los medios de comunicación independientes, así como por el arresto y la intimidación de periodistas. Según el Instituto Internacional de la Prensa, ha habido más de 130 presuntas violaciones de los medios desde el inicio del brote, incluidas más de 50 instancias reportadas de restricciones al acceso a la información, censura y regulación excesiva de información errónea. Informó que cerca de 40 periodistas han sido arrestados o acusados en Asia-Pacífico, América, Europa, Medio Oriente y África por informes críticos de la respuesta del Estado a la pandemia o simplemente por cuestionar la precisión del número oficial de casos y muertes relacionadas al COVID-19. Probablemente los datos reales sean mucho mayores a los proporcionados por el Instituto.
No solo la libertad de prensa se ha visto restringida. Además, en algunos países miles de personas han sido detenidas por incumplir el confinamiento o el toque de queda, una práctica innecesaria e insegura. Se han recibido numerosos informes de diferentes regiones denunciando que la policía y otras fuerzas de seguridad han estado utilizando fuerza excesiva y, en ocasiones, letal, para obligar a las personas a cumplir con el confinamiento y los toques de queda. Tales violaciones a menudo se han cometido contra personas que pertenecen a los segmentos más pobres y vulnerables de la población, asegura Bachelet.
Uno de estos segmentos vulnerables de la población, cuyos derechos humanos se han visto violados desde que se desencadenó la pandemia, es el colectivo LGTBI. Estas personas están siendo señaladas, culpadas, maltratadas, encarceladas y estigmatizadas como vectores de enfermedades durante la pandemia de COVID-19.
En Belice, informes han llegado a ONUSIDA donde se detalla el abuso por parte de la policía a un hombre gay que fue arrestado, humillado y golpeado por romper el toque de queda impuesto para frenar la propagación del coronavirus. El joven de 25 años vivía con el VIH y se cree que murió como resultado de complicaciones sufridas por las lesiones infligidas por la policía.
ONUSIDA y MPact, expresan su preocupación por cómo el aislamiento y el distanciamiento físico afectan particularmente a este colectivo. Muchas personas LGBTI se enfrentan violencia y / o malos tratos mientras se refugian en hogares con familiares que no los aceptan, o también pueden sufrir violencia por parte de su pareja mientras se quedan en casa. El aislamiento también puede exacerbar los desafíos de salud mental preexistentes, comunes entre las personas LGBTI, como la soledad, la depresión, la ansiedad y la ideación suicida.
Esta situación nos hace recordar que las mujeres víctimas de la violencia de género ahora más que nunca están en una situación de peligro, ya que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio del hogar con sus agresores.
En febrero de este año, por ejemplo, durante la cuarentena impuesta en la provincia china de Hubei como medida de protección frente al contagio de la enfermedad, se triplicó el número de informes sobre violencia doméstica en la comisaría de policía de la localidad, según un estudio realizado por la Universidad de Columbia.
En España, este incremento también se ha registrado. En Andalucía 44 mujeres víctimas de violencia de género y 47 menores a su cargo ingresaron en los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer durante el primer mes de confinamiento domiciliario tras el decreto del estado de alarma el 14 de marzo.
Sin embargo, quiero aportar un poco de luz y esperanza haciendo referencia a un estudio que confirma que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política,especialmente en situaciones críticas. Lo que nadie esperaba, es un suceso como la pandemia de la COVID-19, confirmara esta hipótesis de una manera tan contundente. Y así lo afirma Ignacio Varela, sociólogo y periodista, en un podcast de Onda Cero.
De 193 países en el mundo, solo diez de ellos (5%) están dirigidos por mujeres. De esos diez, siete se encuentran entre los doce países líderes en la respuesta al COVID-19. Han respondido de la manera más eficiente, conteniendo la pandemia y minimizando el número de contagios, y con un número de muertes en proporción al número de habitantes muy inferior al de los países vecinos. Estos países son Nueva Zelanda,Taiwán, Alemania, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia y como ya he mencionado, están liderados por mujeres.
Ignacio Varela hace también referencia a un artículo del periódico The Washington Post que afirma que entre los países que han visto los primeros éxitos en la lucha contra la pandemia de COVID-19, aquellos con líderes femeninas destacan por su rápida y eficiente respuesta. Las características comunes del liderazgo de estas mujeres son comunicación directa, empatía, pragmatismo y una visión muy clara de lo que es importante, urgente o necesario. Son más previsoras y por lo tanto, les dota de un margen de error menor que el de los hombres. Además han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social.
Por último, desde UNRIC España queremos seguir recordando la necesidad de seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como hacer un llamamiento a la solidaridad y la empatía y dejar los estigmas y prejuicios a un lado para luchar juntos contra la pandemia.
